(Texto publicado en prensa noviembre de 2008)

Hasta aquí, todo previsible. Un gobierno que deba afrontar con seriedad y responsabilidad esta situación optará, necesariamente, por repartir este esfuerzo entre todos los ciudadanos si quiere mantener la calidad de los servicios públicos, opción que, también por lógica dialéctica, tenderá a enfrentarse con las posiciones de la derecha, poco interesada en el sector público.

El apartado de mayor polémica de la propuesta se refiere a la implantación de una nueva tasa de recogida de residuos sólidos que realiza la empresa privada CESPA.

En Izquierda Unida, nos planteamos ciertas cuestiones al respecto, algunas de las cuales se debatieron en el Pleno y otras sencillamente se obviaron. En primer lugar, ya asumimos que vivir en Aranjuez tiene un coste importante ya que el IBI  es muy elevado.

En segundo lugar, asumiendo la catastrófica gestión de las legislaturas del Partido Popular y la deuda de los cien millones de euros y un Ayuntamiento al borde de la bancarrota, nos preguntamos qué previsiones ha realizado el presente Gobierno, que quedarán reflejadas en los presupuestos del 2009, para que la no aplicación de esta tasa supusiera, en palabras del señor Romero Barbosa, una merma en la calidad del servicio y el despido de treinta trabajadores de la empresa adjudicataria CESPA.

Esto trae a colación una tercera cuestión. Si en la actual coyuntura económica se hace necesario que todos colaboremos para salir adelante, nos preguntamos qué sentido tiene -después de la sesión plenaria y su normal difusión de la misma y con todos los medios de comunicación haciéndose eco la noticia- el contratar cuatro páginas completas a todo color en toda la prensa local, con el considerable coste que ello supone. ¿Se trata de explicar la modificación de las ordenanzas fiscales a los ciudadanos, o más bien de dar una versión parcial y partidista comprando con dinero público un espacio publicitario privado? Vemos en ello un peligroso intento de control informativo (propaganda), así como un ejercicio de desconfianza hacia los profesionales de los medios de comunicación.

Este llamamiento a la solidaridad podría explicarse perfectamente sin necesidad de recurrir a este tipo de maniobras y sin plantearlo en forma de chantaje a la ciudadanía. Decisiones que se ven agravadas por la hipocresía de quienes comenzaron su actual legislatura de mayoría absoluta adoptando como primera medida la famosa subida de sueldo, medida que la oposición aceptó automáticamente. Y ya que estamos en momentos de ideas brillantes, lanzamos generosamente desde Izquierda Unida al Pleno de la Corporación (gobierno y oposición) una medida lógica para estos tiempos: regresar al sueldo de la legislatura anterior, decisión que los ciudadanos, además, veríamos muy oportuna y necesaria.

Por mucho que alardee nuestro señor Alcalde de transparencia en sus cuentas, sus informaciones resultan siempre sesgadas. El argumento infantil de “yo cobro menos que el alcalde de tal o cual ciudad” se vería fácilmente rebatido por el de “pero cobra usted más que el de tal o cual otro municipio”; del mismo modo, en las dichosas cuatro páginas contratadas en la prensa se especifica que la tasa ya ha sido implantada en diversos municipios, pero se omite deliberadamente aquéllos en los que la aplicación no se ha considerado siquiera o ha sido inviable.

Tanta incongruencia se agrava cuando hace apenas unos días, haciendo uso una vez más de los fondos públicos con fines exclusivamente partidistas, los gobiernos socialistas de distintos municipios madrileños concedieron sendas subvenciones a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Izquierda Unida es una organización solidaria y respetuosa con todos aquellos que han sido golpeados por la desgracia, pero consideramos que esta subvención de 9000 “simbólicos” euros es una burda manipulación mediática que acerca peligrosamente las estrategias del Partido Socialista a las del Partido Popular a la hora de extraer rentabilidad política a costa de la tragedia terrorista.

Izquierda Unida reconoce la gravedad de la situación económica y la necesidad de aunar esfuerzos para enfrentarnos a ella. Pero todo ello debe abordarse con verdadera responsabilidad, dentro de las correspondientes competencias y sin demagogias. Sin derrochar el dinero de los ciudadanos para beneficio exclusivo de unas siglas y sin que se nos quiera convencer a golpe de propaganda de que la realidad global se amolda a intereses concretos.